Voto particular en el expediente c 47/99 bbv/argentaria del TDC (año 2000) – Anticipando la crisis desde el TDC

ANTICIPANDO LA CRISIS DESDE EL TDC

1.- Voto particular en el expediente c 47/99 bbv/argentaria del TDC (año 2000)

Desde el principio debo explicar que, puesto que los datos de esta concreta operación de fusión están ampliamente tratados en el cuerpo del informe y en todo el expediente, que en este mundo financiero y económico tan cambiante se suceden diariamente cambios accionariales y cifras distintas sobre diferentes aspectos y que el Gobierno puede disponer de otras variables cuantitativas que pueden ilustrar mejor sus decisiones actuales y futuras, considero más importante resaltar las líneas argumentales y los principios generales en los que se basa mi postura. Debo indicar, además, que estos argumentos no hacen otra cosa que reforzar y ampliar los criterios ya expresados por la mayoría.

Aunque siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal de Defensa de la Competencia en otras ocasiones parecidas, así como determinadas decisiones de la Comisión Europea, debería estar de acuerdo en la mayor parte de los principios y condiciones expresados por el Pleno en el cuerpo del informe, en las conclusiones y en el dictamen de esta concentración, en los que lógicamente también he participado, tengo la obligación, acorde con la responsabilidad que todo cargo conlleva, de explicar mi posición respecto a ciertos aspectos que considero decisivos en todo análisis sobre competencia de las entidades financieras, aún a sabiendas de ir a contracorriente en algunos puntos.

Quiero empezar reseñando con claridad que los argumentos que a continuación voy a exponer, salvo alguna referencia concreta que se pueda referir a este informe al Gobierno sobre la fusión del Banco Bilbao Vizcaya S.A. con Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario S.A., son aplicables a otros informes de fusiones de bancos, pretéritas y futuras, así como a otras entidades financieras como las cajas. Incluyo, muy especialmente, los informes de concentraciones analizadas en meses pasados por este Tribunal firmadas por mí, pero que ahora, en conciencia y por coherencia intelectual, creo mi deber reflexionar de nuevo sobre estas cuestiones dadas la magnitud y reiteración de estas operaciones. Dichas concentraciones, cuyos informes firmé, fueron: la del Banco de Santander con el Banco Central Hispano Americano y la de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo, la Caja de Ahorros Provincial de Ourense y la Caja de Ahorros Provincial de Pontevedra.

Los argumentos, peligros y recomendaciones que voy a exponer son aplicables tanto a estas entidades citadas como a cualquier otra de carácter nacional e internacional y especialmente al importante hecho sobrevenido al informe de esta fusión consistente en la alianza entre Telefónica y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria o la ampliación accionarial significativa en Iberdrola. Estos hechos, entre otros muchos posibles, no hacen sino reforzar mis preocupaciones respecto a la competencia efectiva en los mercados cuando se mezclan entidades del sistema bancario con empresas de todo tipo[1]. Basta fijarse en Japón con su modelo Banca Industria que tan perjudiciales efectos ha tenido sobre la economía nipona y, a través de ella, sobre el resto de países en este sistema mundial cada vez más interconectado. Dicho modelo, también con resultados negativos en otras épocas en España, creo que comporta peligros añadidos para la competencia y, en general, para un proporcionado y enriquecedor crecimiento económico sostenido que elimine los ciclos depresivos que tantos desastres trajo en distintas ocasiones.

Esta ola de fusiones y alianzas se produce en un momento álgido del proceso intensivo y extensivo de la globalización abierta de los mercados asentada en una trilogía de fuerzas convergentes: 1) la libertad, flexibilidad y rapidez de los movimientos de capital en todo el mundo y con inusitada preponderancia, variabilidad y velocidad entre los países más desarrollados; 2) el avance continuo de las nuevas tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, cuyos efectos de mayor productividad se van extendiendo por los diferentes sectores de las economías cada vez más interdependientes impulsando la inversión empresarial en los países de origen y en el exterior, con la creación de empleo a ella aparejada, y 3) la amplitud y magnitud de las operaciones de concentración de empresas en todos los ámbitos que se pone de moda de forma un tanto irreflexiva y sin valorar claramente sus consecuencias y posibles efectos perversos, al menos en el caso de las entidades financieras. Generalmente acaban primando, por su notoriedad y espectacularidad a corto plazo, las variables asociadas a la globalización impulsando el aumento del tamaño de las empresas como factor básico para competir en los mercados mundiales y para evitar también OPAS no queridas.

En ese contexto internacional, dada nuestra situación actual de mayor protagonismo en la Unión Europea y en toda la órbita euroamericana, una abierta y leal competencia en los mercados, especialmente en los mercados básicos de recursos, aumenta la oferta dando lugar, por una parte al incremento en la variedad de los productos y servicios de mejor calidad a disposición de los ciudadanos y, por otra, también importante, a una reducción de los precios que permite el aumento de la capacidad adquisitiva de todos los ciudadanos. La disminución de la inflación propiciada por las políticas de defensa de la competencia, junto con el estímulo a la productividad, innovación y creatividad que provocan, hacen que se incremente la actividad empresarial y personal en todo el tejido social con repercusiones altamente positivas sobre la creación y mejora del empleo, así como sobre la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial en un ámbito exterior cada vez más abierto y globalizado.

Pero la mejora en la actividad económica de todos los operadores, también de los potenciales, requiere un marco común de reglas generales que garantice la necesaria, y conveniente para todos, unidad de mercado sin discriminaciones ni privilegios económicos, financieros, administrativos, regionales, fiscales o de cualquier otro tipo. Por eso, al igual que ocurre con el control del Gasto Público, las ayudas y subvenciones públicas, me parece especialmente importante y acertado, para el desarrollo de la libre competencia, el reforzamiento del control respecto a la utilización del poder económico y financiero propio de bancos y cajas cuando dirigen, por iniciativa propia y sin contar con la voluntad expresa de su propietario original, recursos ajenos hacia esta o aquella empresa o hacia esta o aquella institución, asociación, partido, agrupación, sindicato o persona física, con especial significado respecto a los medios de comunicación social donde se transmiten ideas y contenidos de forma masiva que pueden transformar en una u otra dirección la necesaria y vital pluralidad consagrada en el artículo 1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»

En nuestras sociedades plurales democráticas los medios de comunicación, en cuanto difunden ideas, información y opinión entre los ciudadanos con instrumentos cada vez más sofisticados y atractivos, representan un sector estratégico esencial difícilmente medible en términos estrictamente cuantitativos y economicistas con repercusiones altamente significativas sobre el acontecer futuro en todos los ámbitos de la conducta humana. El acceso a los hogares, los colegios, universidades, centros de ocio y de trabajo se facilita y se amplía con las nuevas tecnologías que permiten adentrarse en la intimidad de las personas y presionar mediante sistemas que nunca antes fueron conocidos y accesibles.

Cuando en una gran mayoría de esos medios se combinan la propiedad de las infraestructuras de acceso con la potencia en el desarrollo de los contenidos y en su difusión, se precisa un exquisito cuidado en evitar la coordinación de comportamientos desde los núcleos de control empresarial de dichos medios. La competencia en las ideas y en su difusión aparece entonces prioritaria, no por motivos estrictos de la lógica de los mercados sino porque incide directamente en los valores fundamentales consagrados en el Texto Constitucional y que toda legislación debe defender. La colusión en estos ámbitos debe ser evitada desde todas las instancias del Estado de Derecho.

[1] Podemos citar por ejemplo: la alianza de Deutsche Telekom en internet con Commerzbank; la posible del Banco de Santander Central Hispano con Retevisión o con Vodafone o su entrada con Multitel en el sector telefónico alemán; la de Deutsche Bank con SAP y American On Line Europe; la incorporación de «La Caixa» al pacto con Telefónica; las participaciones en general de los bancos y las cajas en empresas grandes y pequeñas, con especial significado en sus apuestas comunes con las grandes empresas del sector de las telecomunicaciones, los medios audiovisuales, la construcción, el sector eléctrico, energético o gasístico así como, en el caso de las cajas que tienen un notable control político autonómico, las inversiones multimillonarias en grandes proyectos en las autonomías, o a todas las múltiples combinaciones posibles de pactos, alianzas y participaciones accionariales con presencia de consejeros entre grandes empresas y entidades financieras a lo largo y ancho del mundo.

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